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Una tierra dada en arrendamiento. A land leased
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Una tierra dada en arrendamiento. A land leased
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Un mundo de
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Vol. 10, No. 2
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Abril–Junio 2012.Unesco
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ENTREVISTA a Madiodio Niasse
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Etnopaisaje.com
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Nos dice Jacques Diouf, ex Director General de la FAO:
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«Una tierra dada en arrendamiento
por 99 años es una tierra casi perdida para siempre»
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Desde Sudán hasta el Pacífico Sur, la ruta que conduce a la adquisición de las tierras agrícolas está abierta. Se observa una tendencia creciente de los inversionistas extranjeros a adquirir vastas superficies de tierras agrícolas para alimentar a las poblaciones de sus propios países y producir biocombustibles. Jacques Diouf, ex Director General de la FAO, evocó un riesgo de neo-colonialismo agrario. ¿En qué medida este fenómeno representa una amenaza para la soberanía nacional y cómo podemos evitar los excesos? .
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Hablamos con Madiodio Niasse,
Director de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, con sede en Roma (Italia), y uno de los redactores del Cuarto Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.
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Resumen de la entrevista
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Los gobiernos que ceden grandes extensiones de
tierras cultivables a los extranjeros, ¿las venden la mayoría
de las veces o las alquilan?
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La mayoría de las veces, las alquilan
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El nuevo destinatario de la tierra debe por lo tanto desde
ese momento, invertir en las infraestructuras de control del agua y la
irrigación, las rutas, instalaciones de almacenamiento, etc. Esto está
más o menos explícito en el acuerdo concluido entre el Estado y el
inversionista, llamado concesionario. La duración de las concesiones,
que varía de 15 a 99 años, a menudo es renovable
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Una tierra dada en arrendamiento por 99 años
es una tierra casi perdida para siempre
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Por esto es que los gobiernos nunca deberían tomar a la ligera la
venta de tierras ni su atribución en concesión. Por desgracia, este
consejo tiene grandes posibilidades de que caiga en oídos sordos, ya
que muchas adquisiciones de tierras a gran escala se llevan a cabo en
los países donde la gobernabilidad es muy débil.
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Se desprende de la
lectura de un estudio realizado por el Banco Mundial4 de 2011 sobre
este fenómeno, que cuanto más débil es el gobierno, más atractivo es el
país para estos inversionistas extranjeros a gran escala.
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Esto significa
que la corrupción, las comisiones, el desalojo ilegal de los propietarios
tradicionales y la violencia contra las comunidades son comunes en el
fenómeno actual de adquisición de tierras a gran escala.
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¿Puede citar casos en que la adquisición de tierras por
parte de los extranjeros haya dañado el medio ambiente
o de lo contrario penalizado a la población local?
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Otro impacto que se manifiesta muy temprano es el de arrebatarle
la tierra y del desplazamiento forzoso de los pequeños agricultores,
de los pastores y de las poblaciones indígenas.
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Según el Oakland
Institute5 de los Estados Unidos, el plan de inversiones previsto por
la empresa norteamericana Agrisol Energy para 325 000 hectáreas
de tierra en Tanzania debería desplazar más de 160 000 personas, lo
que plantea problemas extremadamente complejos de reasentamiento.
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Las concesiones a gran escala de tierras generan frecuentemente una
especie de «maldición» vinculada a la planificación (planning blight
effect, «efecto asolador de la planificación»), debido a sus efectos
mortíferos en la estructura social y las actividades económicas en las
zonas afectadas tan pronto como es tomada la decisión de entrega de
las tierras, o desde el comienzo de las negociaciones entre el gobierno
y los inversionistas interesados.
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Las consecuencias previsibles son: la conversión de bosques en
terrenos agrícolas, la pérdida de diversidad biológica provocada
por el monocultivo, el uso masivo de fertilizantes químicos,
pesticidas y herbicidas, una extracción de agua insostenible a
largo plazo y los riesgos de conflictos por el uso del agua con las
comunidades locales y Estados vecinos que comparten los mismos
sistemas fluviales transfronterizos.
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Etiopía ha vendido más de 1 millón de hectáreas de
tierras fértiles a los inversionistas de la India, Arabia
Saudita y otros países, lo que ha desplazado a decenas
de miles6 de pequeños campesinos. El gobierno
argumenta que los inversionistas van a producir más
alimentos, que no todos van a ser exportados.
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¿Qué piensa usted?
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Tengo que reconocer que Etiopía, al igual que muchos otros países
subsaharianos, incluido el mío, el Senegal, tienen graves problemas
de desarrollo. Los cultivos de subsistencia familiar, columna vertebral
de la economía rural de Etiopía, dependen principalmente de
la lluvia, ya que sólo el 10% de las tierras de cereales son irrigadas.
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Esta agricultura es por consiguiente altamente vulnerable a la variabilidad
y al cambio climático. El frecuente déficit de precipitaciones
ha provocado en los últimos años graves sequías y hambrunas.
Etiopía es el mayor receptor de ayuda alimentaria del mundo.
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Creo que cualquier gobierno responsable ante tal problema se
ve obligado a actuar. Pero los gobiernos tienen varias opciones.
Parece que el gobierno etíope ha preferido apostar por estas
concesiones a gran escala de tierras agrícolas fértiles cedidas a
los inversionistas extranjeros. Esta opción es arriesgada, ya que
no hay ninguna garantía todavía de que los beneficios esperados
de la infraestructura rural, los empleos y la contribución a las
necesidades nacionales de alimentos se materializarán.
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Una opción menos aventurada, pero aún poco explorada es que el
gobierno invierta en la modernización de la agricultura familiar
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¿Cómo la población autóctona puede hacer valer sus
derechos sobre la tierra, sin títulos de propiedad?
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¿Qué podemos hacer? En primer lugar, obligar a los gobiernos
a reconocer como pueblos indígenas todas las comunidades que
respondan a los criterios que las definan según el derecho internacional.
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En segundo lugar, promover el respeto integral de las
disposiciones relativas a la tierra de la Convención 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) Sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y Tribales, particularmente el principio general
de que los pueblos indígenas no deben ser expulsados de las tierras
que ocupan y, en los casos excepcionales en que se ha considerado
la reubicación, la cuestión debe ser condicionada a su consentimiento
previo, libre y avisado.
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