Flora Cantábrica

EL ATAQUE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

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Transnational Institute

 

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EL ATAQUE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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TTIP, CETA, y la connivencia secreta entre los grupos de presión empresariales y los negociadores comerciales

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Los servicios públicos en la Unión Europea se encuentran bajo la amenaza de las negociaciones comerciales internacionales que están poniendo en riesgo la capacidad de los gobiernos de regular, y los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a los servicios básicos como el agua, la salud y la energía, en aras de los beneficios corporativos. El Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA por sus siglas en inglés), cuya ratificación podría comenzar en 2016, y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) en vías de negociación con Estados Unidos representan la culminación recien­te de estos esfuerzos. En el peor de los escenarios, podrían imponer la comercialización, de la que no podrán escapar, los servicios públicos, sin importar los resultados perniciosos que puedan tener sobre el sistema de bienestar.

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Este informe desvela algunos datos sobre la connivencia secreta que existe entre las grandes empresas y los negociadores comerciales en la confección de los acuerdos comerciales interna­cionales de la UE. Muestra la agresiva agenda de las empresas de servicios en relación con el TIPP y el CETA, que pujan por una amplia apertura de mercados en áreas como la salud, los servicios culturales y postales, y el agua, lo que les permitiría la entrada y dominio dichos mercados. Y muestra cómo los responsables de las negociaciones por parte de la UE están allanando el camino a la industria de servicios, como se observa en el texto definitivo del CETA, publicado en septiembre de 2014 y los borradores de los capítulos relativos al TTIP, además de los documentos internos de negociación, que reflejan los deseos de los grupos de presión empresariales.

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Resultados clave:

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1. 1. El TTIP y el CETA muestran rasgos evidentes de ser influidos por los mismos grupos de presión empresariales que funcionan en el área de los servicios y que han sido conformados durante las últimas décadas en conversaciones comerciales anteriores, como el grupo de presión empresarial más fuerte de la UE, BusinessEurope, y el Foro Europeo de Servicios, un grupo de presión amoldado para orquestar el conjunto de las asocia­ciones empresariales y las principales empresas como British Telecommunications y Deutsche Bank.

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2. La relación entre la industria y la Comisión Europea es recíproca, y la Comisión es­timula de forma activa las actividades de presión empresariales en sus negociaciones comerciales. Esto se ha denominado “reverse lobbying” (presión inversa, esto es, “las autoridades públicas ejercen presión empresarial para ser presionadas”). Pierre Defraigne, exdirector general adjunto de la Dirección General de Comercio de la UE, habla de una “con­nivencia sistémica entre la Comisión y los círculos empresariales”.

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3. 3. El grupo de presión empresarial ha logrado un enorme éxito al convertir el CETA en el primer acuerdo de la UE con un enfoque de “lista negativa” para los compromisos en materia de servicios. Esto significa que todos los servicios son objeto de liberalización a no ser que se haga una excepción explícita. Determina un abandono radical de las listas positivas utilizadas hasta la fecha en los acuerdos comerciales de la UE que solo incluyen aquellos servicios que los gobiernos han acordado liberalizar, dejando intactos otros El enfoque de lista negativa amplía enor­memente el ámbito de un acuerdo comercial ya que los gobiernos realizan compromisos en áreas que incluso desconocen, como los nuevos servicios que puedan surgir en el futuro. Lo mismo podría ocurrir en el TTIP, donde la Comisión está presionando a los Estados miembros de la UE para aceptar el mismo enfoque arriesgado, satisfaciendo las demandas de los lobbies empresariales.

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4. 4. Las grandes empresas han logrado con éxito presionar en contra la exclusión de los ser­vicios públicos en el CETA y el TTIP, ya que ambos acuerdos se aplican prácticamente a todos los ser­vicios. Existe una excepción general muy limitada para los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”. Pero, para estar cualificado para dicha excepción el servicio no tiene que ser realiza­do ”sobre una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, hoy en día, prácticamente todas las empresas privadas dedicadas a los sectores públicos tradi­cionales coexisten con los proveedores públicos, lo que genera a menudo una fuerte competencia entre estos dos. La capacidad de exención de las autori­dades gubernamentales queda realmente limitada a unas escasas funciones básicas que le pertenecen, como son los servicios relativos al orden público, el sistema judicial o el banco central. La llamada exención de los “servicios públicos” presenta problemas similares, ya que solo les reserva a los Estados miembros de la UE el derecho a someter a determinados servicios a los monopolios públicos o a los derechos exclusivos: contiene demasiados resquicios que tampoco permiten una protección adecuada de los servicios públicos.

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5. 5. Probablemente la mayor amenaza de los servicios públicos surja de las disposiciones relativas a la protección de inversiones de gran alcance consagradas en el CETA y previstas tam­bién para el TTIP. Dentro de un sistema denominado mecanismo de solución de controversias entre los inversores y el Estado (ISDS por sus siglas en inglés), miles de empresas de Estados Unidos y Canadá (así como las multinacionales con sede en la UE que estructuran sus inversiones a través de empresas filiales del otro lado del Atlántico) podrían demandar a la UE y los Estados miembros por los cambios reglamentarios dentro del sector de servi­cios que mermen los beneficios empresariales, algo que potencialmente les podría suponer indemni­zaciones multimillonarias en compensaciones. Las políticas que regulan los servicios públicos, desde la limitación del precio del agua a las privatizaciones revocadas, ya han sido objeto de demandas de ISDS.

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6. Las diferentes reservas y exenciones en el CETA y el TTIP son inadecuadas para proteger de manera eficaz al sector público así como la toma de decisiones democráticas respecto a la manera en que se organiza. Este es el caso concreto, ya que las exenciones no se aplican por lo general a los niveles de protección de la inversión más peligrosos y los ISDS, convirtiendo a las regulaciones de los sectores de servicios públicos críticos, como son la educación, el agua, la salud, el bienestar social y las pensiones, en objeto de todo tipo de ataques de parte por parte los inversores.

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7. La Comisión Europea sigue las demandas de la industria de bloquear las liberalizaciones y privatizaciones presentes y futuras de los servicios públicos, por ejemplo, a través de los peligrosos mecanismos de mantenimiento de status quo y de trinquete, incluso cuando las decisiones del pasado hayan resultado en fracaso. Esto podría poner en riesgo la creciente tendencia de la remunicipalización de los servicios relativos al agua (en Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y Hungría), las redes energéticas (en Alemania y Finlandia), y los servicios de transportes (en Reino Unido y Francia). El desmantelamiento de algunas de las privatizaciones del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) para fortalecer a los provee­dores de asistencia sanitaria sin ánimo de lucro podría considerarse como una violación del CETA/TTIP, como lo podrían ser las nacionalizaciones y re-regulaciones dentro del sector financiero como las presenciadas durante la crisis económica.

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8. Dar paso a las demandas de las empresas a favor del acceso ilimitado a la contratación pú­blica estatal podría restringir la capacidad de los gobiernos para apoyar a los proveedores locales y sin ánimo de lucro y promover dentro del sector público la subcontratación de empleo a empresas privadas, donde, a menudo, el personal se ve forza­do a hacer el mismo trabajo en peores condiciones

salariales y laborales. En el CETA, los gobiernos ya han suscrito la licitación competitiva transatlántica obligatoria para varios sectores a la hora de adquirir suministros y servicios, un medio efectivo de pri­vatización mediante la transferencia gradual de los servicios públicos hacia los proveedores con fines lucrativos. Los grupos de presión de Estados Unidos, como es la Alliance for Healthcare Competitiveness (AHC) y el Gobierno de Estados Unidos quieren que en el TTIP se reduzcan de manera drástica los um­brales para llevar a cabo la licitación transatlántica.

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9. Tanto el CETA como el TTIP amenazan con liberalizar la asistencia social, haciendo difícil la adopción de nuevas regulaciones dentro del sec­tor. La oferta de servicios dentro del TTIP en Reino Unido incluye de manera explícita los servicios hospitalarios. En el texto del CETA y en los últimos borradores del TTIP hay al menos once Estados miembros de la UE que liberalizan la asistencia de larga duración, como es la atención residencial para los mayores (Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Reino Unido). Esto podría dificultar las medidas de protección del sector de la asistencia de larga duración frente a las estrategias de alzamiento de bienes de los inversores financieros como las que propiciaron el colapso de Southern Cross en el Reino Unido, por ejemplo.

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1. El borrador de texto más reciente sobre los servicios en el TTIP de la UE restringe de ma­nera severa la aplicación de las obligaciones del servicio universal (USO) y reduce la competencia por parte de los operadores postales públicos, reflejando así los anhelos de las grandes empresas postales como UPS o FedEx. Las USO, como es la entrega diaria de correo a áreas remotas sin cargo extra, se orientan a garantizar el acceso universal a los servicios básicos a precios asequibles.

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1. 11. El TTIP y el CETA amenazan con limitar la libertad de las empresas de servicios públicos para producir y distribuir energía según los intere­ses públicos mediante, por ejemplo, el apoyo a las energías renovables en la lucha contra el cambio climático. Muy pocos Estados miembros de la UE se han reservado explícitamente su derecho en los acuerdos comerciales a adoptar determinadas medidas en relación con la generación eléctrica (solo Bélgica, Portugal y Eslovaquia) y las redes de distribución energéticas locales (entre ellos, Bélgica, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia).

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2. Estados Unidos apunta hacia una apertura del mercado de la educación a través del TTIP. Desde las formaciones de gestión y los cursos de idiomas hasta las pruebas de admisión en los insti­tutos, las empresas de educación de Estados Unidos que forman parte del mercado europeo como Laureate Education, Apollo Group, y Kaplan Group podrían beneficiarse, al igual que el conglomerado de medios alemán Bertelsmann, que recientemente adquirió participaciones del proveedor de educación en línea de Estados Unidos, Udacity. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros de la UE que muestren “flexibilidad potencial” en relación con la petición de Estados Unidos asociada a los servicios educativos.

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3. La industria cinematográfica de Estados Unidos quiere que el TTIP elimine las cuotas relativas a los contenidos europeos y otros planes de apoyo encaminados a la industria del cine (por ejemplo, en Polonia, Francia, España e Italia). Como resultado, los grupos de presión como Motion Picture Association of America (MPPA) y el Gobierno de Estados Unidos se han opuesto a que se excluyan del mandato de TTIP de la UE los servicios audiovisuales, algo por lo que lucha el Gobierno francés. Ahora intentan limitar la exención tanto como se pueda, por ejemplo, mediante la exclusión en la definición de servicios audiovisuales del concepto de retransmisión, aparentemente con el apoyo de los grupos de la industria de la UE como BusinessEurope y la Comisión Europea.

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4. Los inversores financieros como BlackRock, involucrados en los servicios públicos europeos, podrían utilizar las disposiciones del TTIP y el CETA para los servicios financieros y la protección de la inversión a fin de defender sus intereses frente a las regulaciones “molestas” como son, por ejemplo, la mejora de las condiciones laborales dentro del sector de la asistencia de larga duración. Los grupos de presión como TheCityUK, con sede en Reino Unido y que representa a la in­dustria de servicios financieros, están presionando fuertemente para un TTIP “integral”, que abarque todos los aspectos de la economía transatlántica.

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5. Las empresas de servicios de Estados Unidos están también presionando para que el TTIP aborde las “barreras al comercio”, como son las regulaciones en materia laboral. Por ejemplo, la empresa estadounidense Home Instead, un pro­veedor líder en servicios de asistencia domiciliaria para los mayores y que opera mediante franquicias en varios Estados miembros de la UE, quiere que se aborden en el TTIP las “leyes laborales inflexibles”, que obligan a una empresa a ofrecer a sus emplea­dos a tiempo parcial “amplios beneficios como son las vacaciones remuneradas” y, que según se alega, “acrecientan de manera innecesaria los costes de la asistencia domiciliaria”.

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Los acuerdos comerciales como el TTIP o el CETA ponen en juego nuestro derecho a los servicios esen- ciales, además de nuestra capacidad para que los servicios de todo tipo se orienten hacia el beneficio de la sociedad en su conjunto. Si se dejaran que siguieran su propio rumbo, las negociaciones comer-ciales podrían imposibilitar en último término la apli­cación de decisiones que favorezcan al bien común.

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Una medida para la protección eficaz de los ser­vicios públicos frente al enorme ataque comercial sería la exclusión completa e inequívoca de todos los servicios públicos de cualquier acuerdo o negociación comerciales dentro de la UE. Pero una exclusión así no sería ciertamente suficiente para deshacerse de las restantes amenazas que se derivan del CETA y el TTIP, ya que hay muchas más disposiciones que ponen en peligro la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Mientras que el TTIP y el CETA no protejan la capacidad regulatoria en pos del interés público, deben ser rechazados.

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